15 de abril. Noticias de Navarra

AS políticas sobre escolarización que ha desarrollando el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en los últimos quince años han potenciado una estructura de la red escolar que se distingue por la concentración de alumnado de características comunes en determinados centros educativos, sobre todo, en los niveles de enseñanza básica.

Hay centros con mayoría de alumnado procedente de familias con un alto estatus social, mientras que en otros la mayoría es de alumnado de sectores socialmente desfavorecidos. Hay otros centros a los que acuden alumnos que viven en el entorno físico del mismo, mientras que a otros acuden niños que han de desplazarse, cada día, lejos de su domicilio familiar. También se agrupan los alumnos por modelos lingüísticos e incluso existen centros que escolarizan sólo a chicos o sólo a chicas.

Aunque el país de procedencia del alumnado no es un dato significativo en sí mismo, sí que lo es en cuanto al bajo nivel socioeconómico que estas personas sufren en general. Los niños procedentes de otros países están principalmente escolarizados en centros públicos. Este curso el 80,6% estudia en centros públicos y el 19,3% en centros de titularidad privada. En el curso 1999/2000 la proporción era del 70,4% frente al 29,6%. El 13% del alumnado de la enseñanza pública y el 5,4% del alumnado de la red de centros privados concertados son extranjeros y se concentran en los modelos de enseñanza en castellano.

Los centros educativos de las grandes zonas urbanas (Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla) escolarizan al 73% del alumnado de toda Navarra. El 53,67% de ellos estudia en centros públicos y el 46,33% en centros privados concertados. Para la enseñanza concertada supone el 92% de todo su alumnado en Navarra (36,8 % del total). Es en los centros de estas ciudades donde se producen las más altas concentraciones de alumnado inmigrante, que en general proceden de familias de bajo nivel socioeconómico. Algunos centros superan el 75% de alumnado inmigrante, mientras otros no llegan al 5%. Por ejemplo en el Ensanche de Pamplona hay un centro con más de 94% de alumnado inmigrante y otro centro con un 76%, mientras que otros centros cercanos no alcanzan el 8% (...).

La nueva normativa sobre escolarización en Navarra, que se ha empezado a aplicar este curso, no corrige la situación actual, más bien fomenta la diferenciación del alumnado que poblará los centros escolares fundamentalmente en Pamplona y su comarca. Los criterios de admisión del alumnado y la determinación de unas amplísimas áreas de influencia no promueven una distribución equilibrada del alumnado de nueva incorporación al sistema educativo. No se prioriza el derecho a obtener una plaza en el centro más próximo al lugar de residencia de las familias, cuestión que es fundamental; en cambio, se contribuye a que determinados centros seleccionen su alumnado, independientemente de lo lejos o cerca que el centro quede del domicilio (...).

Bajo nuestro punto de vista, el sistema público de enseñanza debe ser el garante del ejercicio de los derechos de los más desfavorecidos y debe contribuir a disminuir los desequilibrios socioeducativos. En este sentido, no se trata de distribuir a los extranjeros, a los de menos recursos, a los niños con situaciones de partida más precarias o a todos los demás. No se trata, por supuesto, de obligar al alumnado a formarse en un modelo lingüístico determinado o en un centro privado concertado o religioso si no lo desea. Se trata de que todas las familias puedan ejercer, en las mismas condiciones, su derecho a una plaza escolar para sus hijos, de que los niños tengan la oportunidad de convivir con las personas de su entorno cercano e ir a la escuela de su barrio, de establecer medidas de discriminación positiva para el alumnado que accede al sistema educativo navarro en situaciones de precariedad y para los centros que los acogen. En último término se ha de priorizar el derecho a una plaza en un centro público, en la opción de modelo lingüístico deseada y en el lugar en el que se reside para quienes así lo deseen, lo cual exige la modificación de las nuevas normas sobre escolarización y un replanteamiento de la previsión de construcciones escolares.

Partiendo de la base de que de que el mejor contexto educativo para el aprendizaje es una escuela plural que sea reflejo del entorno social en el que se desenvuelven los niños, habría que analizar las repercusiones sociales y educativas que tiene y tendrá en un futuro la segregación del alumnado en los centros escolares. Cuando precisamente son los que parten de situaciones más precarias los que no pueden elegir en muchos casos ni siquiera el centro más cercano a su casa. Es preciso considerar a qué o a quiénes favorecen estas situaciones de alta concentración de determinado tipo de alumnado en algunos centros y si éstas se deben mantener, en qué casos y en qué condiciones. Urge establecer medidas correctoras para que todos los centros sostenidos con fondos públicos realicen una escolarización equilibrada, tal y como prescribe en el artículo 84 de La Ley Orgánica de Educación.

Han de implementarse políticas educativas, centradas en el sistema público de enseñanza, que promuevan una composición de los centros escolares que reflejen la sociedad del lugar donde están ubicados, que favorezcan la formación del alumnado en su entorno cotidiano, que promuevan centros en los que convivan niños que estudian en diferentes modelos lingüísticos, que potencien la formación intercultural, que implemente medidas compensatorias para las más desfavorecidos y que establezca mecanismos de control ante posibles discriminaciones. Políticas que aboguen por unos presupuestos dignos para que el sistema público de enseñanza cuente con todos los centros y medios necesarios para atender a las demandas sociales, que cuente con las mejores instalaciones y recursos posibles que permitan mantener y mejorar el buen servicio de calidad que éstos ofrecen. Es preciso dignificar y prestigiar la enseñanza pública, que la pluralidad, la interculturalidad y la heterogeneidad se perciban como los valores positivos que son para la formación de los niños.

En consecuencia habría que reconsiderar las políticas relativas a los conciertos educativos. Entendemos que es cuestionable que con fondos públicos se deban financiar todos los deseos de algunas familias, cuando otras no pueden ni siquiera escolarizar a sus hijos en el centro de su barrio y se ven obligados a acudir al centro que les es adjudicado asumiendo unos gastos añadidos en transporte y/o comedor, que en muchas ocasiones su economía no puede soportar.

Firman este artículo: Marisa De Simón Caballero (Área de Educación IUN-NEB), Carlos Cutrín Pérez (Área de Educación IUN-NEB), Cristina Láinez Gavari (maestra CP San Francisco), Isabel Burbano Sánchez (maestra CP Mendillorri), Ángel Gordo Lasterra (profesor de Secundaria IESO de Noáin), Carmen Nieto García (experta en relaciones escuela y familia), Ana Figueras Castellano (Área de Educación IUN-NEB) y Fernando Azcona Mendizábal (profesor de Secundaria IFP Virgen del Camino)